¿Qué significa la decisión presidencial que califica de “seguridad nacional” a los cuatro megaproyectos cumbre de la llamada “cuarta transformación” (4T), al tiempo que pretende enterrar a dos de los sistemas de inteligencia hídrica y ambiental más importantes del país?: El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), ratificando con ello una política de desmantelamiento ambiental.
La determinación que viene directamente de la oficina de Andres Manuel López Obrador (AMLO) y su consejería jurídica, tiene que ver con la urgencia por terminar a como de lugar : el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec —los 4 de la 4T—que obedecen a intereses privados de un reducido grupo de poder entre los que está Alfonso Romo, el gran consejero empresarial del presidente, quien entre muchas cosas, ve con buenos ojos la siembra con glifosatos (transgénicos) como parte de su gran negocio de la agro-exportación a través de un modelo aristocrático que ha desplazado la biodiversidad y las prácticas agrícolas sustentables; además de originar monocultivos que simplifican la geografía, la sociedad y el proceso de trabajo, lo que suma al terrible impacto ambiental.
Empecemos por el agua…
¿Por qué los megaproyectos del ejecutivo están por encima del elemento que sí califica como de seguridad nacional: el agua? ¿Por qué se sigue reduciendo el recurso al sector ambiental que en 5 años ha pasado de 3 mil a mil 500 millones de dólares? ¿Por qué el menosprecio y el ataque sistemático a defensoras y defensores del medio ambiente provenientes de la sociedad civil o de comunidades rurales organizadas? ¿Por qué deshacerse del IMTA y del INECC? ¿Acaso al presidente no le interesa la vigilancia para combatir delitos ambientales y apoyar el derecho humano al agua segura?
La doctora Mónica Olvera Molina, investigadora de la producción política del espacio del agua en relación con la construcción de megaproyectos, y el doctor Fermín Reygadas Robles Gil, director de la fundación Cántaro Azul A.C. que vela por el acceso al agua potable en comunidades rurales, han dicho que “menos del 40 por ciento de la población urbana cuenta con acceso al agua segura, mientras que en zonas rurales, el 80 por ciento no cuentan con desinfección, a más del 40 por ciento se les distribuye agua con contaminación fecal y al 20 por ciento con altos niveles de arsénico, fluoruros o nitratos. Todo ello en un contexto de sequía e inundaciones recurrentes y tensiones sociales que conllevan al menos a cien conflictos activos por el agua en todo el país. Problemática compleja, minimizada y atendida a medias por la Conagua y sobre la cual el IMTA sí impulsa investigaciones y propuestas multisectoriales para su atención”.
En México hay una carencia enorme de abastecimiento de agua y de infraestructura de saneamiento, eso provoca un exceso de agua contaminada que repercute en los que menos tienen, ¿cómo darle agua de calidad a esa gente, cuando en México, el agua está para el mejor postor?
Los servicios de agua potable en el país son tan deficientes que orillan a la población a consumir 70 mil millones de pesos en agua embotellada de trasnacionales que gozan de un mercado cautivo, según los datos de Pedro Moctezuma, coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Para que nos demos una idea, el presupuesto del 2022 para la Conagua es de 33 mil 916 millones de pesos, tan solo la mitad de lo que la población gasta en agua embotellada de Bonafont (Grupo Danone), Ciel (Coca-Cola), Epura y Electropura (PepsiCo), haciendo de México, según datos de Euromonitor, el mayor consumidor—junto a Tailandia—de agua embotellada en el mundo.
Por eso vengo aquí a preguntarle al Sr. Presidente: ¿Está usted seguro, que primero los pobres?
Resulta incomprensible, que por decisión presidencial y argumentando que se “duplican funciones”, se busque incorporar al IMTA a la Conagua y al INEEC a la SEMARNAT, dos organismos centralizados que no tienen la capacidad para acoger y cuidar los proyectos de investigación y tecnología especializada de estos dos institutos descentralizados. Veámoslo aún más claro: como bien lo explican Olvera Molina y Reygadas Robles Gil, “la Conagua es una institución administrativa y operativa, enfocada en la gestión de las aguas nacionales y la inversión en infraestructura, mientras que el IMTA, es una institución federal dedicada al desarrollo de conocimiento científico y tecnológico, y la formación de cuadros expertos en diversas especialidades del agua en un debate interdisciplinar e internacional, los cuales son fundamentales para lograr una transformación del sector y contribuir a la garantía de los derechos humanos asociados al agua y la gestión sustentable, integral y equitativa de los recursos hídricos”.
Por otra parte, el INEEC, entre sus proyectos varios, genera el “Atlas Nacional de Vulnerabilidad y Cambio Climático”, un instrumento fundamental de prácticas y políticas de mayor resiliencia frente a los impactos de la crisis climática que—como ha enfatizado el Director de Política Climática de la Iniciativa Climática de México (ICM), Jorge Villareal—afecta, por sobre todos, a los pobres.
Prescindir de ambos institutos condena la política de transformación del gobierno de la 4T, que lleva como máxima darle a los menos favorecidos, y es que hablando del agua, son ellas y ellos, los que más caro pagan por el líquido esencial o simplemente no lo tienen.
Sin las labores del IMTA, no se podrá evitar que los contaminantes lleguen a los consumidores que se ubican en zonas marginales o de alta densidad de población. Por otra parte tampoco podrá impedirse que grandes cantidades de contaminantes sean descargados de manera incontrolada o ilegal a los medios receptores como mares, ríos y lagos, lo que derivaría en un colapso irreversible. ¿Cómo va a garantizar el gobierno la sustentabilidad?
Por si fuera poco, con la incorporación de este instituto a la Conagua, se perderían 35 años de innovación tecnológica que ha desarrollado el instituto en infraestructura de análisis, laboratorios y experiencia profesional en doctorados y maestrías; allí hay gente que ya está colocada en puestos técnicos claves que ayudan a combatir el problema del agua y por ende la crisis climática y la pobreza.
¿Qué va a pasar con ellas y ellos?
Posgrados y programas especializados que ofrece el IMTA
Estas decisiones hacen que recordemos la necedad de Donald Trump cuando le entregaron mil 656 páginas de un informe que detallaba los devastadores efectos del cambio climático en la economía, la salud y el medio ambiente. El estudio fue respaldado por 300 científicos de 13 agencias federales diferentes de los Estados Unidos. El exmandatario, acomodándose su rubio copete, solo agregó: “No me lo creo”, es decir, no creía en sus propias instituciones de investigación y tecnología, tal como AMLO parece estar haciendo con la misma despreocupación de cuando se niega a usar cubrebocas.
Cuidar de ambos institutos, tanto del IMTA como del INECC, es una forma de combatir las desigualdades porque con ellos podemos acercarnos a una distribución cada vez más equitativa del agua, a su potabilidad y consumo responsable, así como a la colaboración horizontal frente a los efectos del cambio climático en los distintos territorios. ¿Cómo trabajará nuestro país con respecto a la descarbonización?, ¿cómo podremos reducir los gases de efecto invernadero?, urgencias que no se pueden ningunear.
Otra cosa desconcertante, es que AMLO alega “prácticas neoliberales” de parte de estos institutos, pero que no se ven por ningún lado. Más que “liberación económica” estos organismos producen conocimiento multidisciplinario altamente especializado para asegurar la atención efectiva al derecho humano del agua y a la crisis climática. Además, en el caso del IMTA, genera ingresos propios que rebasan más del 50% de su presupuesto anual, por lo tanto, es autosustentable, es decir, ahorra una inmensa cantidad de recursos públicos.
Le pido al Sr. Presidente, reflexión, y le recuerdo que su otrora Vicente Fox, alguien de su nula simpatía, ya quería desaparecer dicho instituto, argumentando la misma cantaleta: “duplicación de funciones y ahorro de presupuesto”. ¿Acaso busca culminar la iniciativa que un día tuvo aquel expresidente del país y de la Coca-Cola?
(Mega)proyectos de (in)Seguridad Nacional
Además de estar queriendo desparecer al IMTA y al INECC, el ejecutivo, ha decretado los megaproyectos de su administración como de “seguridad nacional”, algo que raya en lo dictatorial, porque de permitírsele esta categoría, nadie, absolutamente nadie, le podrá impedir que se hagan estas obras aunque perjudiquen gravemente a zonas ecológicas y reservas de la biósfera, o si destruyen bienes públicos históricos o arqueológicos. Es como regalarle sierras eléctricas a los taladores ilegales y soltarles las áreas forestales protegidas, darles viáticos y pagarles jugosos salarios con vacaciones incluidas.
AMLO se quiere desmarcar de “la mafia del poder” que tanto subraya en sus discursos, pero recurre a la misma escuela priísta de los “decretazos” para que la información de la construcción de estas infraestructuras sean de calidad “reservada”, datos que no podría publicar el Instituto de Acceso a la Información (INAI), lo que supone un daño a la transparencia de la información pública, que nos deja a todas y todos los interesados en el tema, a ciegas, cuando el gobierno sabe perfectamente que en las obras públicas lo primero que debe tenerse es la claridad en las licitaciones, contratos y empresas a las que les otorgan la construcción de megaproyectos.
Para el Doctor José Roldán Xopa, profesor investigador de la División de Administración Pública del CIDE, tanto AMLO, como sus consejeros jurídicos, emitieron un acto de dudosa constitucionalidad por varias razones: una es que no puede declarar algo de “seguridad nacional” sin una base legal. No puede saltarse otras leyes como la de obras públicas que otorga la categoría de seguridad nacional a casos muy específicos como los referentes a instalaciones militares; no así en cualquier infraestructura de naturaleza civil como lo son estas megaobras.
Esto hace pensar que el nombre de la “cuarta transformación” (dejo las mayúsculas para otro momento) es un homenaje a sus cuatro proyectos consentidos y no a una evolución democrática hacia la posibilidad de un México que se logre separar de la cruda cultura de la corrupción que implantó el partido único; aquel que después de la elección del 2018 quedó fantasmal, llorando por los pasillos gritando “hay mis hijos”, añorando aquellos tiempos de dinosaurios opulentos. Con estas pretensiones, AMLO, evoca a esos terribles ancestros de la política vulgar y autoritaria.
Que no se le olvide a la Presidencia de la República que, antes de comenzar las obras, necesitamos saber cuál será su impacto ambiental y social, está por ley en la Constitución. Para saberlo, su gobierno debe aprender a escuchar horizontalmente a las comunidades originarias, principalmente a las Naciones Indígenas, dueñas del territorio por donde planean pasar las megaobras; comunidades enteras que están protegidas por el artículo 29 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce el derecho de los pueblos a la conservación y protección del medio ambiente, así como de la capacidad productiva de sus tierras, territorios y recursos. En dónde queda aquella declaración del presidente que rezaba: “si darle atención preferente a los indígenas es racista, que me apunten en la lista”. ¿Y luego, pues?
Un ejemplo de la violación de estos derechos es lo que ya había escrito en otra pieza periodística, acerca de la Termoeléctrica de Huexca (Morelos), resguardada por la Guardia Nacional. Esta obra, como ha apuntado El Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM (SUSMAI), es de altísimo riesgo en salud y seguridad civil. El SUSMAI—dicho sea de paso—no ha dejado la tarea de hacerle recomendaciones al presidente para contrarrestar la pérdida de ecosistemas y biodiversidad, la contaminación, la falta de inversión en energías renovables, el acceso al agua de calidad, la erosión de los suelos, el agotamiento de las pesquerías, la destrucción de manglares y la creciente ilegalidad en el aprovechamiento forestal, pero AMLO parece seguir solo el renglón del manual priísta (que han replicado todos los partidos) en el que nunca se piensa en la prevención, sino en la pura y barata estética política de soluciones huecas. El gobierno actual, corresponde como lo han hecho otros, al interés de algunos empresarios que simpatizan con una sobre-explotación de recursos insostenible, incluida la cancunización de todo el sureste mexicano. Se sigue negando a escuchar los crudos testimonios de las comunidades del caribe que desde primerísima línea, describen el inconmensurable costo en términos ambientales y de seguridad pública que significan las obras como el Tren Maya.
Boletín-Tren-Maya-tras-la-consulta
Los especialistas, entre los que esta la Dra. Leticia Merino, coordinadora del SUSMAI, dicen que el gobierno se ha negado a opciones de energías limpias (fotovoltáicas) y a la participación local. En su lugar, se ha inclinado por consultas acentuadas en pueblos desinformados del tema y alejados geográficamente del problema.
La imposición de megaproyectos ha desatado crímenes como el del maestro Samir Flores Soberanes, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, Puebla y Tlaxcala, y del Congreso Nacional Indígena (CNI), asesinado el 20 de febrero de 2019 en lo que fue una verdadera tragedia para su comunidad; pero no solo él, le recuerdo al Sr. Presidente que durante su mandato se sigue arrebatando la vida a quien defiende la tierra, los montes y el agua, como es el caso del delegado de origen Popoluca del Congreso Nacional Indígena (CNI), Josué Bernardo Marcial Campo, también conocido como Tío Bad, quien por su arte, música y protesta en contra de los megaproyectos, fue desaparecido y asesinado el lunes 16 de diciembre de 2019. A Julián Cortés Flores, del pueblo Mephaa de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Guerrero. Ignacio Pérez Girón, del pueblo Tzotzil del municipio de Aldama, Chiapas. José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, e Isaías Xanteco Ahuejote del pueblo Nahua organizado con el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG – EZ). A Juan Monroy y José Luis Rosales, del pueblo Nahua de Ayotitlán, Jalisco. A Feliciano Corona Cirino, del pueblo Nahua de Santa María Ostula, Michoacán. La lista sigue creciendo.
Todo esto hace que el solemne discurso indigenista de AMLO tan solo recuerde el absurdo populismo de las guayaberas de Echeverría.
Entiendo que los 4 de la 4T llevan un retraso importante y los inversionistas de la silla presidencial se están desesperando, pero los pueblos que defienden sus territorios ancestrales le están pidiendo al ejecutivo que pare, porque han sabido durante cientos de años que la mejor inversión para la salud del territorio—de un país—no es ningún tren o un aeropuerto, sino todo aquello que pueda sustentar el equilibrio social y ambiental, al que se le está quitando, como hicieron otros, su futuro.
Si AMLO no repara en ello, ni siquiera la descendencia de sus consejeros financieros y jurídicos, podrán disfrutar de su dinero, a menos claro, que ya estén en el negocio de la mercantilización del agua como producto financiero (sobre el derecho humano): hacer mercados del agua como los del petróleo e ir ganando poder vendiendo piscinas para ricos, mientras los pobres se mueren, una vez más, dentro del proceso.
No es por nada que el 8 de agosto del 2021, en en el municipio de Cholula, Puebla, la organización de “Pueblos Unidos” se vio obligada a tomar la embotelladora de Bonafont y clausurar el pozo que durante 29 años le robó a la comunidad un millón 640 mil litros de agua diarios—sin consecuencia alguna—para después venderla en todas las tiendas a precios del mercado. Para dar una idea concisa: de acuerdo con registros de la Conagua, el costo público promedio de un litro de agua potable para uso doméstico es de 2 centavos, mientras las principales embotelladoras venden este mismo volumen entre 7.50 y 8.25 pesos, es decir, 494 veces más cara, sin mencionar la cantidad de basura que producen las botellas de plástico.
Toma de la planta de Bonafont en Cholula, hoy Casa de los Pueblos Atlepelmecalli
A este paso, estoy seguro que el próximo lema de campaña de alguno de los tristes partidos políticos que tenemos en el país y que solo buscan las causas sociales como monedas de cambio, será: “Agua para todas y todos”, pero para entonces será demasiado tarde y el costo más alto de lo que alguna vez pudimos imaginar.
Se que al que fue jefe de la oficina presidencial y que después fue ratificado como titular del Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, Alfonso Romo, le brillan los ojos por entrarle al mercado del agua que lideran Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña y contribuir a que el desequilibrio del cambio climático sea una fuerza del libre mercado donde la privatización, la competencia y la ganancia, sean las máximas políticas del país, y con ello desterrar a quienes no puedan pagar dentro del enorme supermercado al que quieren convertir a la naturaleza.
La ONU ya dijo que “el agua es el flagelo de la Tierra”. ¿Usted qué dice, Sr. Presidente?
Aún está a tiempo de revertir la decisión sobre los 4 de la 4T y las instituciones de investigación a las que quiere restar su fuerza tecnológica y de inteligencia al servicio de la sociedad mexicana. Esa determinación marcara su gestión pública y ambiental; también lo que hizo o dejó de hacer por el futuro científico y de los pueblos originarios de nuestro país. Cuatro columnas que sostienen a México y que lo perseguirán a través de la historia.
Es un derecho constitucional exigirle que escuche a los pueblos y a los expertos (que dicho sea de paso, la mayoría votaron por usted) en el derecho de audiencia que tienen como ciudadanos; lo invito también a revisar la cantidad de oficios firmados por voces autorizadas en México y el extranjero, resumidas en el documento que le ha hecho llegar el Sindicato de Trabajadores del IMTA (SITIMTA), para evitar que desaparezcan su instituto. Son ellas y ellos quienes lo están defendiendo, porque la dirección presidida por Adrián Pedrozo Acuña (nombrado por la 4T para esa posición) ha roto comunicación con sus trabajadores desde que se tomó la determinación “de arriba”.
Oficios para solicitud de audiencia del SITIMTA con AMLO
Es de sabios recular cuando no existe viabilidad. Dejemos un momento de lado a qué color le vamos, a quién defendemos en las comidas familiares o quién nos cae bien o mal del escenario político. Esto se trata de defender nuestros derechos universales y fundamentales como familia humana. Nuestro derecho a tener un medio ambiente sano y con miras de conservación de los recursos naturales no solo en México, sino en el mundo.
Yo le pregunto Señor Presidente: ¿Primero los pobres o ya tiro usted sus dados para que la ignorancia avance en el maratón que imposibilite la esperanza de México?…otro más de sus grandes lemas de gobierno.
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