La política de austeridad, implementada en los primeros tres años de la 4T para reducir la carga económica de la operación burocrática, ha derivado en la desaparición de al menos 21 instituciones y subsecretarías de gobierno con un presupuesto conjunto de 5 mil 195 millones de pesos.
El ente con más bajas es la Fiscalía General de la República, pues desde hace dos años ha cerrado seis organismos que manejaban una partida conjunta de 516.6 millones de pesos.